AEA aclara también en su informe que la Ordenanza de Movilidad de Madrid no obliga al ciudadano -como erróneamente informa el Ayuntamiento en su página web- a tener que buscar un parquímetro que funcione o que tenga operativo el terminal para aceptar todos los medios de pago legalmente admitidos, ya que es obligación de las empresas concesionarias de este servicio tener habilitados en los parquímetros todos los sistemas de pago autorizados, garantizar en todo momento el buen estado y funcionalidad y acometer los trabajos de reparación en un plazo máximo de 48 horas, conforme establece el Contrato de Gestión Integral de Movilidad por el que los madrileños van a pagar más de 800 millones de euros.
Por ello, consideramos “intolerable que el Ayuntamiento en lugar de exigir responsabilidades a las empresas concesionarias por las numerosas incidencias que se producen en la prestación del servicio, esté obligando a los automovilistas a un penoso peregrinaje en busca de un parquímetro que funcione para poder cumplir con su obligación de pagar”.
La impresión de los conductores es que al Ayuntamiento no le interesa corregir esta situación porque le
es más rentable poner multas a los automovilistas que facilitar el pago de la tasa.
