Hoy hace cinco años que el Gobierno aprobó la reforma laboral. Ha sido el cambio más profundo que se ha hecho en el Estatuto de los Trabajadores desde que vio la luz en 1980, y no han sido pocos. Un estudio de la Fundación Primero de Mayo calculaba hace varios años que superaban la cincuentena.
Para el ministro de Economía, Luis de Guindos, era una reforma “extremadamente agresiva”, como la definió días antes de su aprobación. Para la titular de Empleo, Fátima Báñez, era una “completa y equilibrada”, latiguillo extraído de la exposición de motivos del propio texto legal, que entonces utilizaba reiteradamente para defenderla. Ahora cuando la defiende, ante la amenaza de los partidos de la oposición de echarla abajo aprovechando la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, dice que “funciona” y que no hay por qué tocar lo que funciona. Aunque también apunta que es el momento de fijarse en la calidad del empleo.
Trazada en plena recesión, la reforma laboral decía tener por objetivo principal cambiar la flexibilidad externa en las empresas por la flexibilidad interna. Traducción: menos destrucción de empleo cuando llegan las crisis y más reducciones de sueldos y salarios. “Va en la misma dirección que la de 2010, pero es mucho más intensa”, apunta Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. También buscaba acabar con el gran mal del mercado de trabajo español, con permiso del paro: el excesivo peso de la contratación temporal.
La devaluación salarial se aceleró con la reforma laboral, según el regulador
Pero tenía otro objetivo menos explícito: la devaluación salarial. Buscaba que España recuperara parte de la competitividad perdida durante la época de la burbuja a base de reducir sueldos, a diferencia de otras crisis, ya que no se podía recurrir a la devaluación monetaria. Y este objetivo se consiguió: la reducción de sueldos, que venía produciéndose desde antes, se acentuó. En 2011, la encuesta de estructura salarial del INE arrojaba un salario medio de 25.999,87 euros anuales; en 2015, la remuneración era casi 800 euros menos, después de haber tocado fondo justo un año antes.
Cambio de equilibrios
Esta devaluación salarial llegó por varios caminos. Uno fue la reducción de sueldos de aquellos que perdieron su trabajo y fueron contratados posteriormente. Pero la vía que está directamente ligada a la reforma es la que afectó al juego de equilibrios entre empresarios/patronales y trabajadores/sindicatos en las relaciones laborales. La jerarquía de los convenios de empresas sobre el resto, los cambios unilaterales en las condiciones laborales o la limitación a un año de la vigencia de los convenios una vez han caducado fueron elementos que dieron más peso a la parte empresarial.
Todos estos cambios combinados acentuaron la reducción de sueldos, explica José Ignacio Pérez Infante, economista especializado en el mercado laboral y estudioso de la negociación colectiva.
Una de las críticas que ha recibido la reforma por parte de quienes creen que se ha quedado corta es que no ha impulsado los incumplimientos de convenio suficientemente. En 2013, con el mercado laboral tocando fondo, llegaron a afectar solo a 2.512 empresas y 159.550 trabajadores, un 1% de los asalariados.
El economista Pérez Infante recuerda que esa cifra deja fuera los cambios de condiciones laborales unilaterales.
Por varias vías, la reforma laboral redujo los costes laborales y eso provocó que cuando llegó la recuperación económica se creara empleo antes que en la salida de otras crisis. En los noventa fue necesario un año entero de crecimiento y superar el umbral del 2% para ver aumentos de puestos de trabajo en los saldos anuales. En 2014 apenas hizo falta un trimestre y un alza del PIB del 1%. Desde entonces, España ha encadenado más de dos años en los que el saldo anual supera de largo subidas de 400.000 puestos de trabajo. Prácticamente todo el crecimiento económico de los últimos años se ha convertido en empleo.
Así a finales de 2016 había 18,5 millones de ocupados, 350.000 más que en el mismo trimestre de 2011, justo el anterior a la aprobación de la reforma. También hay más asalariados, el colectivo al que se dirigía la reforma: casi 15,4 millones, 250.000 más.
Pero este crecimiento tiene una cara b. El trabajo que se está creando es precario y poco productivo. “Cuando alguien se vanagloria de que con poco crecimiento del PIB se crea empleo, en realidad está celebrando que la productividad aumente poco”, escribe Juan Francisco Jimeno, economista del Banco de España, en su libro Crecimiento y empleo, editado por RBA a finales de 2016. “Que se cree empleo con poco crecimiento no es una virtud del mercado de trabajo español, sino más bien, un síntoma de sus peores males”, ahonda Jimeno en otro capítulo. Uno de esos “peores males” es la temporalidad.
La reforma laboral cumple cinco años: más empleo, pero de peor calidadpulsa en la foto
Esta era una de las denuncias que hacía ayer UGT en la presentación de su valoración de estos cinco años, en la que pidió su derogación. “La tasa de temporalidad sigue siendo elevada”, señalaba al comienzo de un apartado de su informe en que advertía de la baja calidad del empleo.
La reforma de 2012 pretendía atajar el uso excesivo de los contratos de duración determinada. Para eso creó un nuevo contrato indefinido que permitía a pymes contratar a jóvenes durante un año a prueba y con despido gratis en ese periodo. También redujo los costes del despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33, y facilitó los despidos colectivos al eliminar la autorización administrativa de los ERE y tasó con claridad las causas económicas para justificar estos procesos (tres trimestres consecutivos con caídas anuales de ingresos). Pero aquí ha fracasado o la incidencia ha sido mínima.
Un pequeño efecto
En un estudio muy reciente para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio García Pérez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que ha colaborado con organismos internacionales en la evaluación de la reforma, concluye que “parece haber animado la salida del desempleo hacia un empleo indefinido”. No obstante, más adelante apunta: “El hecho de que todavía siga siendo casi cinco veces más probable salir del paro a un empleo temporal que a uno indefinido apunta a un efecto positivo pero muy pequeño de la reforma en términos de reducción de la extrema dualidad laboral”.
Ese “muy pequeño” efecto se aprecia en el incremento de la tasa de temporalidad. Si la destrucción de empleo redujo este porcentaje al 21,9% a comienzos de 2013, casi cuatro años después ya ha subido al 26,5%, la segunda más alta de Europa, según Eurostat. También se ve en el empuje de las jornadas a tiempo parcial —especialmente la no querida— en los últimos años. Los trabajos por hora suponen ahora el 15,3% del empleo asalariado. Esto explica que pese a que haya más empleo, las horas trabajadas estén todavía ligeramente por debajo del nivel de hace cinco años.
Además, hay que tener en cuenta otros elementos que apuntan a una dualidad mayor. La duración de aquellos contratos temporales cuya duración se puede medir es cada vez menor. En la misma dirección apunta Inmaculada Cebrián, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, en el libro Precariedad y empobrecimiento de la población trabajadora en España y en un capítulo de Reformas laborales en la Gran Recesión, apunta que el 60% de los contratos indefinidos iniciados entre 2005 y 2015 no superan los dos años de vida. Esto le lleva a concluir que “cambios en la tipología de contratación puedan surtir efectos y acaben con la ‘temporalidad empírica”. Dicho de otra forma, Cebrián rechaza el contrato único.
Contrato único
Discrepa de ella Jimeno, que sí defiende la propuesta lanzada hace ya casi ocho años por un grupo de 100 economistas. Él defiende que la regulación es el gran problema del mercado laboral en este punto y por eso se muestra crítico con este aspecto de la reforma: “Obvió la eliminación de la dualidad contractual y la introducción de otros elementos que impulsaran el crecimiento de la productividad”.
La posición de organismos internacionales, OCDE y FMI, sobre los cambios laborales de 2012 es parecida, aunque aplican un discurso positivo en la valoración. “Si bien se trata de un avance importante, podrían contemplarse medidas adicionales”, decía la OCDE en una de sus primeras valoraciones.
Este organismo también hizo cálculos hipotéticos en los que cifraba en 200.000 empleos adicionales los puestos de trabajo que se habrían evaporado sin la reforma en los primeros compases de esta. A la misma conclusión llegó el BBVA, que hace un año cifraba en 900.000 los empleos salvados.
A pesar de estos números, lo que sí se vio en 2012, uno de los años más duros de la segunda recesión, fue que se aceleró la caída del empleo por cada punto de PIB que se perdió. En esta afirmación está incluido lo sucedido en la Administración, a la que también se dirigía la reforma. También aumentó el número de afectados en despidos colectivos. Jimeno no hace referencia a esto, pero sí que escribe una frase en su libro que puede servir de explicación: “Redujo los costes de despido en una situación recesiva, justo en el peor momento para ello”.
Uno de los puntos para reducir los costes del despido fueron los cambios en las regulaciones de empleo y los despidos objetivos. Esto disparó al comienzo de la crisis los pleitos en los tribunales, que en muchos casos fallaron en favor de los trabajadores, lo que ha supuesto muchas críticas de economistas y juristas que defienden que desde los tribunales se ha vaciado de contenido la reforma. No piensa así Jesús Cruz Villalón, profesor de Derecho Laboral, quien cree lo sucedido en los primeros años tenía que ver con la falta de doctrina jurídica ante la nueva regulación y que una vez el Tribunal Supremo ha clarificado ha bajado la litigiosidad, algo que también liga a la recuperación laboral y el descenso de regulaciones de empleo.