Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, cuestionando la puesta en marcha del “Madrid Central”, así como la legalidad del distintivo y la clasificación medioambiental efectuada por la DGT.
La nueva normativa municipal obliga a todos los vehículos que circulen o estacionen por la capital madrileña a disponer y exhibir un distintivo ambiental que les identifique según su potencial contaminante apartir del 23 abril de 2019 y prohíbe la circulación de aquellos que carezcan de él. En el caso de la circulación por “Madrid Central” las restricciones empezaron el pasado 30 de noviembre, si bien el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que no impondrá sanciones hasta el próximo 15 de marzo.
Incompetencia de la DGT para clasificar vehículos
En el recurso, AEA cuestiona no solo la legalidad del distintivo ambiental “V-25” creado por la Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, sino también la clasificación realizada por la DGT, ya que a nuestro juicio “ni la DGT tiene competencias para ello, ni la ley ha determinado quién debe expedir el distintivo, ni su formato, ni las prescripciones técnicas, ni tan siquiera el coste de expedición y quién debe asumirlo”.
Precio del distintivo: Exacción ilegal
Respecto del precio que algunas entidades privadas están cobrando por la expedición del distintivo ambiental de la DGT (entre 5 y10 €), AEA advierte que este hecho podría constituir una exacción ilegal al no haberse regulado por ley el cobro de una tasa o un precio público por la prestación de un servicio de solicitud o recepción obligatoria como es el distintivo medioambiental. Además la DGT envió gratuitamente distintivos a 4.500.000 de automovilistas, tratando de forma discriminatoria al resto de propietarios (unos 14.000.000) a los que se les obliga a pagar 70 millones de euros.
