La Agenda 2030 aprobada por los gobiernos de todos los países del mundo es una herramienta que marca 17 objetivos, erradicar la pobreza, alimentos y agua potable para todas las personas, reducción de la emisión drástica de emisiones contaminantes, trabajo decente, etc., con 169 metas que deberán ser cumplimentadas desde la fecha de su aprobación 2015 hasta el año 2030.
Dado que esos objetivos se plantean para todos los países y estar interrelacionados, unos dependen de otros, exigen una serie de alianzas internacionales – como el que se logró con la Declaración de París sobre el cambio climático- y en cada país para que fructifiquen.
Es cierto que tienen lagunas y una serie de contradicciones -como una llamada al crecimiento no matizado o no se explicita la erradicación de los paraísos fiscales-, pero el sólo hecho de que nos pongamos a ver qué políticas y presupuestos se acercan a los resultados apetecidos, convierten a la Agenda 2030 en un instrumento transformador en el pensamiento ejecutivo.
Proyecto país
La encadenación de causas y efectos en las políticas y presupuestos cuando se desbrozan cada una de las metas y afectados, pobreza infantil, fracaso escolar, minorías étnicas, trabajador pobre, inversiones sociales, rehabilitación de vivienda y espacios urbanos y rurales, menor consumo energético, que éste sea renovable, economía circular, que paguen los que más tienen, que nadie se quede atrás, acuerdos comerciales o de inversiones que cohesionen y no engorden a los sátrapas o a las empresas que no pagan impuestos, coordinación y multilateralismo,… nos dan una idea de una tarea transformadora que no puede estar al albur del cortaplacismo y del oportunismo. Exigen políticas y pactos de estado en numerosas áreas, un nuevo contrato social que, en nuestro país, se ahorma con acuerdos de abajo a arriba y viceversa, desde lo local, autonomías, estado, Europa y el mundo.
En este sentido, desde Futuro en Común estamos medianamente satisfechos de los acuerdos habidos desde el conjunto del arco parlamentario, con la aprobación por unanimidad de una comisión mixta Congreso Senado que controle y haga propuestas del desarrollo de la Agenda 2030 del Gobierno que toque. Además, la aceptación por parte del actual gobierno de elevar institucionalmente en el propio gobierno la coordinación ejecutiva, nombrando a la titular del ministerio de Presidencia la coordinadora del grupo de Alto Nivel, es una buena señal y que pensamos debe de replicarse en el futuro gobierno. Este grupo de Alto Nivel, donde se reúnen la mayoría de los ministros y Secretarios de Estado, debe velar para que las medidas y presupuestos tengan no solo una ligazón con este u otro objetivo, si no que formen parte de un plan que deberá formar parte en un inmediato futuro, con el gobierno que salga de las elecciones, de una Estrategia de la Agenda, con su cronograma y medidas presupuestarias que, en todo caso, tendría que estar respaldado por un Consejo Interterritorial Autonómico y Local y avalado por un Consejo de Desarrollo Sostenible, donde actores de la sociedad civil, sindicatos, plataformas de infancia, feministas, ecologistas, sociales tienen que tener cabida.
