AEA también advierte en su estudio, que la irregular imposición de multas de velocidad por parte de la DGT no solo tiene como consecuencia negativa la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones sino que también afecta al interés general ya que se ha producido un aumento de las sentencias que condenan en costas a la Administración por su temeridad o mala fe al no aplicar los criterios que sobre el margen de error ya aplican sin problema muchos de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
La última sentencia obtenida por nuestros servicios jurídicos en defensa de los derechos de uno de nuestros socios, condenó a la Administración a pagar 400 € de las costas judiciales y, a juicio de AEA “si se aplicara en todos los procesos judiciales que pierde, seguramente la DGT dejaría de ser un organismo recaudador tal y como, sin pudor alguno, ha reconocido ejercer esta función su director general”.
