IPC del 10,2% anula las ayudas anticrisis y urge a ligar salarios a inflación

El IPC adelantado de junio ya ha superado los temidos dos dígitos y presenta una subida anual del 10,2 %. Un crecimiento que se conoce a solo unos días de la publicación del paquete de medidas anticrisis que esta inflación prácticamente deja sin efecto. Desde USO, valoramos algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en el llamado decreto anticrisis, pero advertimos de que no son la solución.

El incremento del 15 % del IMV afectará a 400.000 personas, así como las pensiones no contributivas en el mismo porcentaje hasta final de año. Esto, junto con la reducción del IVA de la electricidad al 5 % -que no del resto de suministros esenciales, como venimos reclamando desde el inicio de la escalada de precios-, la reducción del precio de títulos de transporte y abonos, o la prórroga de las ayudas al carburante son medidas de choque que, sin duda, ayudan parcialmente a sobrellevar la escalada de precios que estamos sufriendo y que está claro que no es coyuntural. Porque, lejos de ir arreglándose y corrigiéndose, esta pérdida de poder adquisitivo se ha generalizado, se ha enquistado y está alcanzando dimensiones desconocidas.

Mayor agilidad para las prestaciones

La ayuda de 200 euros para asalariados, autónomos e inscritos en las oficinas de empleo que residen en hogares cuya renta sea inferior a 14.000 euros deja a fuera pensionistas y perceptores del IMV con mismos niveles de ingresos.

También, en este sentido, “desde USO pedimos una mayor agilidad y coordinación entre las Administraciones. Que una ayuda que pretende sentar una base común no penalice a quienes recibían, de forma desigual, prestaciones similares previas. Los perceptores de salarios sociales u otras formas similares que sean incompatibles con el IMV no pueden quedarse durante meses sin ingresos por la falta de coordinación entre sistemas administrativos de diferente ámbito competencial”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.

O, añade, “porque no puedan coexistir con otras ayudas o complementos de ámbito autonómico o local con fines específicos o correctores, como ayudas al alquiler, becas comedor, transporte escolar, etc.”.

Impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas

El nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, que afectará a las eléctricas, petroleras y gasistas que han visto incrementadas sus ganancias por la crisis energética, se queda en una medida muy parcial.

Desde USO, “planteamos que es necesario emprender reformas fiscales y tributarias para mejorar la suficiencia recaudatoria y la eficiencia del sistema fiscal. Y, además, analizar las figuras tributarias para adaptarlas al contexto económico actual derivado de la crisis y la desbocada inflación; junto con ajustes en impuestos ya existentes para mejorar su eficacia. Nuestro país lleva muchos años sin un programa de reformas fiscales de amplio calado y ahora se ven muchas de esas vergüenzas”, señala Pérez. Recuerda que el IPC adelantado de junio ya ha llegado al 10,2 %.

Sin empleo y salarios de calidad, no hay medidas efectivas

“Todo esto puede estar muy bien, pero, por supuesto, la recuperación pasa y debe pasar por el empleo de calidad y los salarios. La no reforma laboral está precarizando el contrato indefinido, que dura en una gran mayoría lo mismo que los temporales, y viene con un 60 % de jornadas parciales. Esto, sumado a los bajos incrementos de salarios, no hace más que echar más leña al fuego. Ayudar y subsidiar es necesario y justo para corregir las desigualdades, pero hacer políticas para que todo el mundo pueda trabajar es, además, una cuestión de dignidad y derecho”, incide el secretario general de USO.

En este sentido, Joaquín Pérez recuerda que “las grandes políticas deben promover cambios de calado en materia energética, apostar por la industria y por un cambio de nuestro modelo productivo; deben poner el acento en el empleo y las empresas de valor, en un futuro más allá del turismo o los servicios. Un horizonte, en fin, apoyado en la tecnología, la ciencia, la educación. Esto sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestro país”.

Reforzar el SEPE

Desde USO, creemos también que es urgente mejorar, financiar y fomentar las políticas activas de empleo para que los Servicios Públicos de Empleo cumplan sus funciones. Esto es, que sean útiles para guiar, orientar, seguir y evaluar a las personas en desempleo, con el fin de disminuir los procesos de exclusión laboral, actuando contra las causas del mismo y la precariedad laboral. Y, a su vez, trabajando con las personas desempleadas o en situaciones laborales precarias, ofreciéndoles atención directa e integrada, que amplíe su nivel de empleabilidad y les permita adquirir una mejor posición con respecto al mercado de trabajo.

“Urge la modernización de los Servicios Públicos de Empleo. Pero, además, dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios para una adecuada y pronta atención a las personas desempleadas, tanto en la búsqueda de empleo como en la gestión eficaz de las ofertas de empleo y las prestaciones. Y esa no debe ser la única función del SEPE, sino también contar con un plan de choque dirigido a la formación y adquisición de nuevas competencias profesionales de valor y actualizadas a las necesidades de las empresas. Esto es lo que permitará la reincorporación al mercado laboral de las personas trabajadoras en paro de larga duración”, propone Joaquín Pérez.

Asimismo, se debe mejorar la gestión de la prestación por desempleo y suprimir la necesidad de optar, si se aprueba una nueva prestación sin haber agotado la anterior, entre continuar con el cobro de la prestación que restaba o percibir la que han originado las nuevas cotizaciones desde que se suspendió la prestación anterior.

Las prestaciones no agotadas se deberían acumular a la nueva que se pueda generar, manteniendo el máximo de 2 años. A la gente no se le puede pedir elegir ir a peor.

Los vulnerables, cada vez más vulnerables con un IPC del 10,2 %

Y, por supuesto, medidas que ayuden a salir a corto plazo de su situación y que palíen los daños a los más vulnerables. Urge una legislación más social en materia de vivienda, con alternativas razonables que protejan situaciones personales de exclusión social, desestructuración o desarraigo familiar.

Acompañando esto, temporalmente al menos, con una revisión a la baja los tipos de determinados bienes y servicios. Sobre todo, mientras el IPC siga en cifras que sobrepasen o próximas al 10 %. Así, por ejemplo, el transporte público colectivo y suministros esenciales tendrían el tipo superreducido, o los productos sanitarios e higiénicos, el reducido.

Y, de nuevo, “que de una vez se incrementen, de verdad, los recursos humanos y materiales disponibles para la lucha contra el fraude por parte de la Agencia Tributaria de manera efectiva”, concluye Joaquín Pérez.

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