Primer frenazo al “tasazo” de Gallardón, que ayer encontró su primer escollo en la vía jurisdiccional. En una resolución fechada el día 9 de enero de 2013, el Tribunal Supremo ha resuelto admitir a trámite el recurso de Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, contra la Orden que regula el pago de las tasas judiciales, y requiere al Ministerio de Hacienda para que remita urgentemente el expediente administrativo.
Este recurso lo resolverá la Sala especial del Tribunal Supremo de Derechos Fundamentales, y, además, tiene carácter preferente en su tramitación, por lo que se espera un pronunciamiento rápido por parte del Tribunal sobre las pretensiones contenidas en el recurso.
En su escrito ante el Supremo contra el Reglamento de la Ley de Tasas, Dvuelta le pide que:
– Anule la Orden que regula el pago de las tasas.
– Plantee cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley de la Tasa Judicial.
– Plantee cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Inconstitucionalidad de la Ley de Tasas
La Orden que regula el pago de la tasa es, según Dvuelta, claramente inconstitucional dado que al exigirse el pago de la tasa judicial como requisito inexcusable en los casos que la norma contempla, se está infringiendo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, máxime si tenemos en cuenta que la norma impugnada establece que el impago de la tasa significará que el Secretario judicial no dará curso al escrito procesal de que se trate.
El recurso de Dvuelta entiende que, en todo caso, el Tribunal Supremo debería pedir al Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley de Tasas, ya que de ello puede depender la propia validez y legalidad de la Orden que regula el pago de las mismas.
Las previsiones contenidas en el artículo 12 de la Orden en cuanto a que el Secretario judicial no dará curso al escrito que proceda impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en
un caso concreto en términos irrazonables, en términos del propio Tribunal Constitucional.
Dvuelta promovió, el pasado día 4 de diciembre, un recurso de inconstitucionalidad ante la Oficina del Defensor del Pueblo de la Ley de Tasas. Anteriormente, y siendo el hoy ministro de Justicia alcalde de Madrid, los Tribunales de Justicia (primero el Tribunal Superior de Justicia y después el Supremo) anularon, tras el recurso de Dvuelta, el conocido como “multazo”, que suponía enormes incrementos en las multas de circulación.
