Dos años y cuatros meses después de su entrada en vigor, el Gobierno ha suprimido el pago de tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes e instancias. Así se establece en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que entró en vigor el 1 de marzo.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha valorado positivamente esta medida ya que el pago de las tasas “cercenaba el derecho a la defensa de los ciudadanos”. Para AEA cobrar una tasa por acceder a la Justicia, sin tener en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, “constituía una vulneración del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva”.
Según el Ministerio de Justicia, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, el Ejecutivo ha recaudado 125,9 millones de euros con las tasas judiciales de las personas físicas.