En 2015 hubo en España un total de 83.283 condenas por delitos viales, el 34% de todas las condenas dictadas por los Tribunales, según la última Memoria de la Fiscalía General de Estado. De esas más de 83.000 condenas, 57.313 llevaron aparejada la privación de conducir, la mayoría con la conformidad del condenado. Además se dictaron 2.352 penas de pérdida de vigencia de permisos, 50.000 penas de multa y 31.634 de trabajos en beneficio de la comunidad.
Este informe también recoge una disminución del número de pruebas de alcoholemia realizadas en 2015 por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pasando de los más de 6.300.000 controles realizados en 2014 a los 5.741.000 de 2015, y de 94.638 procedimientos sancionadores a 80.388 en eso mismos años.
Denuncias por drogas
La memoria también señala que, «las cifras de denuncias por drogas y controles de detección de éstas, aumentan exponencialmente», pues pasamos de casi 9.500 expedientes administrativos abiertos en 2014, a 26.000 en 2015. Y se produce un «espectacular incremento» del número de pruebas de drogas realizadas en 2015, más de 76.000, por 4.513 en 2013 y 29.463 en 2014.
Respecto a estos delitos de conducción bajo la influencia de drogas, la Fiscalía subraya una «muy limitada persecución penal, debida a la carencia de garantías científicas» para determinar, solo con una analítica, si un conductor está bajo la influencia de estas sustancias.
En términos generales, el Ministerio Fiscal observa, respecto a 2014, una tendencia generalizada al descenso en el número de procedimientos penales iniciados, escritos de acusación y condenas por delitos contra la seguridad vial. Caída que atribuye, entre otras circunstancias, «a la eficacia de la respuesta penal frente a este tipo de delincuencia (…) pero también a concienciación vial de la ciudadanía más interiorizada».
Otras medidas
La nueva memoria de la Fiscalía General del Estado sostiene asimismo que la aplicación eficaz de la ley es «condición indispensable, aunque no la única, para reducir la siniestralidad». Así, el Ministerio Fiscal propone el diseño de un estatuto jurídico del peatón y ciclista «para su convivencia armónica en la ciudad», la mejora del estado del las vías, señalización, alumbrado, reducción de los límites de velocidad y estado de los vehículos, y matiza que el envejecimiento del parque móvil a causa de la crisis económica se traduce en «desigualdad ante la seguridad de quienes no tienen recursos para costeársela».
E insiste además en la necesidad de que la Educación Vial es «ahora mas que nunca, (…) la única estrategia segura para disminuir las tragedias, casi todas evitables, que tienen lugar en las vías públicas».
Fuente: DGT
