Desde el 29 de enero de este año los conductores españoles tendrán que levantar el pie del acelerador en las carreteras convencionales. El Gobierno ha modificado el Reglamento General de Circulación con el objetivo de fijar la velocidad máxima para turismos y motocicletas en estas vías en 90 kilómetros por hora.
Esta modificación supone la desaparición de los diferentes límites de velocidad genéricos establecidos hasta ahora (90 y 100 km/h para turismos y motocicletas, en función de si la vía disponía o no de metro y medio de arcén practicable).
No obstante, el Real Decreto señala que en las carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg.
Camiones y autobuses
Con este cambio normativo también se uniformiza la velocidad de los camiones en carreteras secundarias a 80 km/h. En el caso de los autobuses, la limitación genérica de velocidad será de 90 km/h. En el caso de los vehícu-
los que realicen transporte escolar y de menores o que transporten mercancías peligrosas, la velocidad se reducirá en 10 kilómetros por hora.
Además, en el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado o en caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la velocidad máxima en vías convencionales será de 80 kilómetros por hora.
¿Reducirá esta medida la siniestralidad?
Para Automovilistas Europeos Asociados (AEA) este cambio normativo no va a suponer una reducción de la siniestralidad ya que “la mayoría de los accidentes que se producen en estás vías no son por exceso de velocidad sino por colisiones frontales al realizar adelantamientos”.
Además, según los datos del Ministerio de Fomento, en el año 2015, la velocidad a la que circularon los españoles en la red de carreteras convencionales fue 78,72 km/h y en 2016, 75,82 km/h. Y, sin embargo, la cifra de muertos aumentó pese a la menor velocidad: 216 en 2015 frente a 234 en 2016
Para AEA lo que el Gobierno debería hacer es aumentar las inversiones para mejorar el estado de estas vías y no implantar límites genéricos de velocidad. Lo que habría que hacer es analizar si la velocidad es el factor determinante en los “puntos negros” de estas vías dónde se producen los accidentes y si es así bastaría con poner un límite específico para esos tramos.
