Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se ha mostrado “radicalmente contraria” a la propuesta del Gobierno de cobrar un peaje a los particulares por el uso de las autovías actualmente gratuitas por cuanto “los automovilistas españoles con sus impuestos ya pagan con creces el mantenimiento de estas infraestructuras y porque este tipo de medidas puede tener un impacto muy negativo para la economía de las zonas donde se implanten”.
LOS AUTOMOVILISTAS APORTAN 30.000 MILLONES
AEA considera que la medida no está justificada porque los automovilistas ya aportan anualmente al presupuesto 30.000 millones de euros en impuestos (carburantes, matriculación, circulación…), frente a los 1.700 millones que, según estimaciones de esta entidad, precisaría el mantenimiento de la actual red de carreteras y de los que “a duras penas cada año se cubre la mitad”.
En efecto, las inversiones presupuestadas para el mantenimiento y conservación de carreteras para 2022 ascienden a 993.341.000 €, cifra que AEA considera insuficiente para la importante contribución que los automovilistas ya aportan al erario.
A juicio de AEA, las infraestructuras de carreteras son un servicio público esencial que debe ser financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, y no solo por razones económicas y sociales, sino por razones de seguridad vial.
En este sentido, AEA señala que esta decisión afectaría negativamente a la seguridad vial “ya que muchos automovilistas que hoy circulan por autovías y autopistas seguras se verían obligados a hacerlo por carreteras convencionales en las que se producen el 80% de los accidentes con víctimas”.
IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO
AEA advierte, además, de los efectos económicos negativos que esta medida tiene sobre las zonas donde se implanta. Así, en nuestro vecino país Portugal cuando se estableció este peaje a finales de 2010, el tráfico en las autovías descendió entre un 30 y un 50%.
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Por ello, para AEA, medidas de este tipo “no solo son muy negativas para el desarrollo de las comunicaciones y la seguridad vial sino que además fomentan la insolidaridad entre los territorios.
Por eso, esperamos que el gobierno recapacite y no caiga en la tentación de financiar las infraestructuras mediante el derecho de Portazgo, utilizado en la Edad Media”.
