Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid ha dado nuevamente la razón a los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y ha anulado una sanción de 500 euros y la detracción de 6 puntos impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a uno de nuestros Socios por circular “supuestamente” en sentido contrario al autorizado en la Avenida de las Fuerzas Armadas, porque “no consta que el agente denunciante hubiera ratificado la denuncia”. Además condena al consistorio al pago de 200 euros de costas.
El Ayuntamiento hace oídos sordos a las alegaciones de los ciudadanos
Tal y como se recoge en la sentencia, el conductor “en sus alegaciones señaló que fueron los propios agentes los que autorizaron el paso al desarrollarse en ese momento una competición deportiva” y solicitó que se aportara el correspondiente informe por parte del agente denunciante.
Sin embargo, el Ayuntamiento hizo oídos sordos a las alegaciones del ciudadano y sin dar traslado de
ellas al agente denunciante para que informara, impuso al conductor una de las sanciones más graves que prevé la legislación de tráfico, 500 euros y la detracción de 6 puntos.
El informe de la policía es preceptivo cuando se niegan los hechos
Ahora el juzgado, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo ha anulado dichas sanciones en base a que “negada por el interesado la comisión de la infracción, resultaba necesa ria la ratificación del agente en vía administrativa, que no se llevó a cabo, y que tampoco podría ser suplida, aunque ni siquiera
se intentó, en la vía jurisdiccional”.
Imposición indiscriminada de sanciones por rutina informática
Para AEA, esta sentencia evidencia la falta de respeto del Ayuntamiento de Madrid por las más mínimas garantías de defensa de los ciudadanos y la imposición indiscriminada de sanciones de tráfico por rutina informática. Desde hace tiempo venimos denunciando que al prescindir de un elemento fundamental del procedimiento sancionador, como es el informe de la policía, son los algoritmos y no las personas las que ponen las multas de tráfico. Y esto convierte a las sanciones de tráfico en un mero instrumento de recaudación, porque la seguridad vial no está reñida con las necesarias garantías que hay que respetar cuando a un conductor se le pretende sancionar
