Un total de 32.716 conductores se han librado de la cárcel tras cometer delitos contra la seguridad vial realizando trabajos en beneficio de la comunidad desde que se modificó el Código Penal para introducir este tipo de delitos, según datos de Instituciones Penitenciarias.
Además, otros 15.500 conductores estaban realizando ese tipo de trabajos hasta el 30 de septiembre del año pasado.
Este tipo de penas sustitutorias van desde la ayuda a víctimas de accidentes de tráfico o personas mayores hasta repartir comida y ropa a personas sin recursos pasando por participar en campañas de sensibilización ante el consumo de drogas y alcohol o programas de alfabetización de español para extranjeros.
Desde 2007, superar en 60 km/h el límite de velocidad en ciudad y en 80 en carretera, conducir con más de 1,2 gramos de alcohol en sangre o conducir sin carné es delito y está castigado con penas de prisión de más de tres meses. La alternativa es el pago de una multa y la realización de servicios a la comunidad de 31 a 90 días.
En la última Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, se advertía de que el 80% de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad por delitos contra la seguridad del tráfico no se cumplían por falta de plazas y se indicaba que esta situación «daría lugar a que prescribieran un gran número de penas».
Sin embargo, la subdirectora general de Coordinación Territorial de Instituciones Penitenciarias, Carmen Archanco, asegura que «solo un porcentaje insignificante» de estos trabajos no se ejecutan, «no por falta de plazas, sino por la imposibilidad de localizar al condenado o por su no comparecencia».