La Defensora del Pueblo critica a Tráfico por no atender los recursos de los conductores

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha señalado que “no es de recibo” que las administraciones encargadas
de gestionar el procedimiento sancionador de Tráfico manifiesten “celo en la exigencia de cumplimiento de las obligaciones que corresponden a los ciudadanos” , mientras que “desatienden sus obligaciones legales” en relación con la resolución de recursos administrativos presentados por los conductores ante una multa.

En su Informe Anual, la Defensora del Pueblo apunta que en 2012 su oficina recibió 470 quejas sobre el procedimiento
sancionador de Tráfico, lo que convierte a este asunto en el segundo con mayor número de quejas en el área de  seguridad y Justicia, tras prisiones. De esas quejas se admitieron a trámite 127 casos en los que se detectó algún indicio de inde fensión.

Uno de los temas que ha suscitado numerosas reclamaciones es la ausencia de contestación por parte de la Administración a los recursos de reposición, formulados por los interesados en el marco del procedimiento, o bien de los recursos extraordinarios de revisión que planteen finalizado éste.

El Informe recoge varios casos en los que Tráfico había ignorado la presentación de pruebas contra la sanción con
“una exigua motivación” y señala que la tendencia de la Administración es tratar de justificar su inactividad, amparándose en la desestimación presunta que deja expedita la vía contenciosa-administrativa.

Sin embargo, la Defensora del Pueblo recuerda que si bien el ciudadano no está obligado a recurrir, “la Administración sí lo está a resolver, de forma expresa, el recurso presentado” y es “incuestionable” que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo.

Además, el informe subraya que la motivación del acto administrativo “no es una cortesía institucional sino una garantía esencial del Estado de Derecho” .

Por ello, la Defensora del Pueblo considera que “si se intensificaran los esfuerzos de las administraciones para convertir el procedimiento administrativo sancionador de tráfico en un procedimiento, si cabe, más garantista” se superaría la percepción, “quizá un tanto distorsionada ”, que tiene la ciudadanía de que las multas sirven para recaudar.