Desde que entró en vigor la reforma de la Ley de Tráfico en materia de sanciones (mayo de 2010), AEA ha venido denunciando que la DGT, el Servei Català de Trànsit, los servicios territoriales de tráfico del Gobierno Vasco y algunos ayuntamientos están imponiendo sanciones a miles de automovilistas en mayor cuantía de la prevista legalmente y detrayendo puntos que no deben ser retirados.
La razón de esta grave ilegalidad se encuentra en la errónea interpretación que las distintas administraciones están haciendo de la Ley de Tráfico, ya que el cuadro de sanciones previsto en su Anexo IV se está aplicando directamente sin tener en cuenta los margenes de error que la Ley de Metrología obliga a aplicar en las mediciones de velocidad obtenidas por radares.
No obstante, AEA cree que Tráfico aprovechará la próxima reforma de la Ley de Seguridad Vial “para aplicar correctamente el margen de error de los radares ya que se están produciendo las primeras sentencias judiciales que condenan a la DGT por no aplicarlos correctamente”.