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El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a impulsar ‘con urgencia’ un acuerdo con los concesionarios para satisfacer las 9.578 operaciones vinculadas con el Plan 2000E que, por problemas en el funcionamiento de su acreditación, quedaron fuera de las ayudas, una deuda que alcanzaría los 4,7 millones de euros.

Ya teníamos noticia de que sucedía. Lo denunció por primera vez, que yo recuerde, Carlos Cancela en El Confidencial: los controladores del SER del Ayuntamiento de Madrid ponen denuncias falsas a coches que sí tienen puesto el ticket reglamentario. Lo apuntan en su PDA y no dejan la denuncia en el parabrisas, de modo que cuando recoges el coche tiras el ticket. Luego, recibes la multa, y como no puedes defenderte (no hay prueba), te cascan el multazo. Pasa en más ciudades: en Zaragoza ya tenemos un caso aquí, en El Antirradar. Los Ayuntamientos, secos como la mojama, han convertido las multas en un robo. Aquí os pongo el mail que me ha escrito A.M.M contando su caso. Una auténtica chorizada, no podemos consentirlo.

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado un recurso interpuesto por un automovilista y ha condenado a un taller a que le indemnice con 1861,15 euros, por los daños que tuvo su automóvil al no haber sustituído la correa de distribución en la revisión de los 90.000 kilómetros prescrita por el fabricante.

La Justicia ha condenado al pago de una multa de 3.600 euros a un conductor que fue sorprendido a 225 kilómetros por hora mientras circulaba por la AP-68, en el término municipal de Alfaro. Según el fallo judicial, al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, el procesado también ha sido condenado a treinta días de trabajos en beneficio de la comunidad y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses.

Os paso un artículo del blog mi amiga Flor Zapata en el que nos relata como se puede dar el caso de que encima de que se muere por culpa del mal estado de una carretera, encima hay que pagar por ello. No, no es una broma, aunque me gustaria que fuera, es una realidad y encima está perfectamente documentada. Es la realidad de la sed expoliadora de que tiene la sección de tráfico catalan, una sed expoliadora que no duda en cobrar hasta los muertos.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Sevilla que condenaba a un taller mecánico al pago de 6.146,72 euros a una clienta después de que su vehículo se incendiara tras una reparación efectuada en las instalaciones de la empresa demandada.

Nuevamente plasmo en unas lineas mi tremenda disconformidad ante la pasividad con la que el colectivo ha tratado éste desmesurado plan espoliatorio que es el anteproyecto de Ley de la DGT. Autor: Juanma1991