Autor: AEA

Esta decisión se ha adoptado después de que AEA solicitara al Alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, la aprobación de una moratoria a la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, prevista para el próximo 1 de enero, y que de haberse puesto en marcha hubiera creado un grave problema a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos que, a pesar de no disponer de etiqueta medioambiental, cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid.

Lo estuve escuchando pero se me olvidó publicarlo por el blog. En el programa Kilómetro Cero de esRadio se entrevistó a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), para conocer su postura sobre el cambio en los cursos de recuperación de puntos. Alegan que se están dando irregularidades en los mismos. La última legislación publicada reduce el número de puntos que se pueden recuperar lo cual perjudica de una forma clara al conductor.

Un nuevo recurso promovido por AEA en defensa de los derechos de uno de sus socios ha vuelto a poner en entredicho la legalidad de las multas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid desde setiembre de 2021 por acceder sin autorización a las Zonas de Bajas Emisiones, ahora con un nuevo argumento, recogido en una innovadora sentencia dictada por el Juzgado nº 33 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de “que en la fotografía que aporta el consistorio madrileño como única prueba de cargo para acreditar la infracción no consta señal de limitación alguna”.

Una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado nº 5 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, y ha anulado una multa de 200 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid por acceder a la ZBEDEP Plaza Elíptica sin autorización en el km. 3,9 de la autovía A-42 y le ha condenado a pagar 300 € de costas, por “inaplicación de la Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Madrid”, al considerarla “contraria a la Constitución o a la ley”, y porque el Ayuntamiento de Madrid es “incompetente” para sancionar infracciones en vías que no son de su titularidad.

AEA considera que la redacción que se ha dado a los artículos 3 y 4 de la Orden INT/914/2024, publicada está mañana en el BOE, infringe manifiestamente el principio de jerarquía normativa establecido en el Art. 9. 3 de la Constitución, ya que la propia Ley de Seguridad Vial aprobada por el Parlamento estableció, desde hace más de 14 años, que “El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del cerdito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia anual.”

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la Comunidad considera, entre otros razonamientos jurídicos, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal.

AEA solicitó al Alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, la aprobación de una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, prevista en la Disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, para el próximo 1 de enero., ya que de entrar en vigor la medida, a partir del próximo 1 de enero dos de cada tres vehículos que componen el parque madrileño quedaría inhabilitado para circular por la capital.

Un automovilista donostiarra paga un 49% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid, o un 158% más que uno domiciliado en Tenerife. Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los “27 paraísos fiscales” que existen en España las diferencias pueden alcanzar un 900%.

El primer grupo de sanciones que deben ser anuladas -según señala AEA en su petición- se refieren a 1.260.646 expedientes sancionadores tramitados por el consistorio madrileño entre abril y septiembre del 2023, con graves defectos en las notificaciones a los interesados, según reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid en la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 25 de marzo contra la empresa encargada del servicio RD Post Comunicación Certificada S.L.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado las ordenanzas municipales aprobadas hace cuatro años en los municipios de Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues para regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de las rondas de Barcelona, porque según se recoge en las cuatro sentencias dictadas “la falta de un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición para sus destinatarios, así como las cargas administrativas que supone la promulgación de la Ordenanza, comporta la existencia de vicios sustanciales en la elaboración de la norma, lo que conduce a su nulidad.”

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado las ordenanzas municipales aprobadas hace cuatro años en los municipios de Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues para regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de las rondas de Barcelona, porque según se recoge en las cuatro sentencias dictadas “la falta de un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición para sus destinatarios, así como las cargas administrativas que supone la promulgación de la Ordenanza, comporta la existencia de vicios sustanciales en la elaboración de la norma, lo que conduce a su nulidad.”