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AEA ha verificado que en ningún tramo de la antigua carretera de El Plantío (hoy Avenida de la Victoria) existe señalización alguna que advierta que el límite de velocidad que rige en esa vía es de 30 km/h., ya que la inmensa mayoría de automovilistas que circulan por ella consideran que el límite permitido es de 40 Km/h, o incluso el inveterado de 50 km/h., porque en su inicio dispone de dos carriles de circulación.

Una reciente sentencia dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un procedimiento sumario para la protección de Derechos Fundamentales, a la que ha tenido acceso la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha estimado un recurso de apelación interpuesto por un automovilista a cuenta de una sanción por exceso de velocidad de 300€ y 2 puntos.

Un automovilista donostiarra paga un 49% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid, o un 158% más que uno domiciliado en Tenerife. Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los “25 paraísos fiscales” que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900%.

El Boletín Oficial de Estado publicó un Real Decreto por el que se restablecen los plazos normales de inspección técnica de vehículos para aquellos automovilistas a los que con motivo de las medidas adoptadas por el COVID-19 se les redujo el plazo de validez de la siguiente inspección.

Desde hace más de 15 años AEA ha venido denunciando la situación de indefensión que sufren los automovilistas implicados en accidentes de tráfico con animales de caza a raíz de los incomprensibles cambios legislativos introducidos en la Ley de Seguridad Vial que alteraron el sistema de responsabilidad de este tipo de accidentes, ya que de poder exigir responsabilidad a los titulares de los cotos, a los propietarios de los terrenos de donde provenían los animales, e incluso a la administración, ahora son los propios automovilistas los responsables de los accidentes.

Según el ultimo informe sobre fiscalidad municipal elaborado por la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el Impuesto Municipal sobre Vehículos de Trácción Mecánica proporcionará este año a las arcas municipales una recaudación en torno a los 4.000 millones de euros. 36.403.276 propietarios de vehículos (desde un ciclomotor a un camión de gran tonelaje) tendrán que afrontar en breve el pago de este impuesto aunque no los utilicen.

Dos nuevas sentencias judiciales, dictadas en este caso por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Burgos y nº 4 de Valencia, han dado nuevamente la razón a los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y han reducido el importe de las sanciones -de 300€ a 100 €, en un caso, y de 500€ a 400€, en otro-, que la DGT había impuesto a nuestros Socios por excederse de velocidad, obligando también a devolverles los puntos que ilegalmente les habían detraído (dos a cada uno).

En la última encuesta realizada por la Asociación el pasado mes de septiembre, el 65% de los conductores encuestados desconocían que los seguros excluyen de cobertura los daños causados por conductores ebrios.

Desde el pasado 1 de enero, los titulares de permisos de la clase B (turismos) que deseen comenzar a conducir una motocicleta ligera de 50 a 125 cm3 o un scooter de tres ruedas de más de 50 cm3 deberán realizar un curso de formación de 7 horas de duración. Los usuarios que hayan conducido estos vehículos en los últimos cinco años están exentos de realizar este curso.

Los club de automovilistas criticaron hoy duramente la nueva Ley de Tráfico aprobada por el Congreso de los Diputados, ya que, en su opinión, «beneficia a la administración y perjudica a los conductores» y señalaron que están valorando distintos tipos de acciones para reaccionar a ella.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un automovilista a ser indemnizado con 200.355,45 euros, más los intereses legales, por el uso indebido que la Administración de Justicia hizo del sistema de notificación edictal -a través de los boletines oficiales-, en lugar de utilizar el sistema de notificación personal.