Categoría: Leyes/Sentencias

El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo hacia una mayor seguridad vial en España al aprobar la proposición de ley que reducirá significativamente la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Esta medida busca reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y proteger a los usuarios más vulnerables. 3

Una nueva sentencia judicial dictada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, en contestación a un recurso promovido por los servicios jurídicos de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en defensa de los derechos de uno de sus socios, ha vuelto a poner en entredicho la legalidad de las multas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid en las ZBE, y en especial en las impuestas en el túnel de Plaza Elíptica, al considerar que el consistorio madrileño no tiene competencia para sancionar infracciones en la “carretera A42, punto km. 3,9 sentido decreciente, cuya titularidad corresponde al Estado”.

Esta decisión se ha adoptado después de que AEA solicitara al Alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, la aprobación de una moratoria a la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, prevista para el próximo 1 de enero, y que de haberse puesto en marcha hubiera creado un grave problema a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos que, a pesar de no disponer de etiqueta medioambiental, cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid.

Un nuevo recurso promovido por AEA en defensa de los derechos de uno de sus socios ha vuelto a poner en entredicho la legalidad de las multas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid desde setiembre de 2021 por acceder sin autorización a las Zonas de Bajas Emisiones, ahora con un nuevo argumento, recogido en una innovadora sentencia dictada por el Juzgado nº 33 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de “que en la fotografía que aporta el consistorio madrileño como única prueba de cargo para acreditar la infracción no consta señal de limitación alguna”.

Una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado nº 5 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, y ha anulado una multa de 200 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid por acceder a la ZBEDEP Plaza Elíptica sin autorización en el km. 3,9 de la autovía A-42 y le ha condenado a pagar 300 € de costas, por “inaplicación de la Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Madrid”, al considerarla “contraria a la Constitución o a la ley”, y porque el Ayuntamiento de Madrid es “incompetente” para sancionar infracciones en vías que no son de su titularidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Reglamento de Vehículos Históricos que actualiza una norma que tiene ya tres décadas de antigüedad para adecuarla a las actuales legislaciones europeas y homogeneizar los tratamientos y beneficios que se dispensarán a los vehículos clasificados como históricos en los distintos países.

Estaba esperando a tener constancia de ello en sanciones cursadas y si, así es, ya han llegado las sanciones con los nuevos márgenes de error. También es cierto que puede pasar que haya multas que no aplican margen de error alguno, eso ha pasado frecuentemente y supongo que seguirá sucediendo en el futuro. Hay que tener claro que lo legal es que se aplique el margen de error a modo de coeficiente reductor y la velocidad en foto sea algo más alta que en la que figure en la sanción.

AEA considera que la redacción que se ha dado a los artículos 3 y 4 de la Orden INT/914/2024, publicada está mañana en el BOE, infringe manifiestamente el principio de jerarquía normativa establecido en el Art. 9. 3 de la Constitución, ya que la propia Ley de Seguridad Vial aprobada por el Parlamento estableció, desde hace más de 14 años, que “El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del cerdito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia anual.”

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la Comunidad considera, entre otros razonamientos jurídicos, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado las ordenanzas municipales aprobadas hace cuatro años en los municipios de Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues para regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de las rondas de Barcelona, porque según se recoge en las cuatro sentencias dictadas “la falta de un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición para sus destinatarios, así como las cargas administrativas que supone la promulgación de la Ordenanza, comporta la existencia de vicios sustanciales en la elaboración de la norma, lo que conduce a su nulidad.”

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado las ordenanzas municipales aprobadas hace cuatro años en los municipios de Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues para regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de las rondas de Barcelona, porque según se recoge en las cuatro sentencias dictadas “la falta de un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición para sus destinatarios, así como las cargas administrativas que supone la promulgación de la Ordenanza, comporta la existencia de vicios sustanciales en la elaboración de la norma, lo que conduce a su nulidad.”