Autor: AEA

Una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado nº 16 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de AEA en defensa de uno de sus socios, y ha anulado una multa de 200 euros y la detracción de 4 puntos impuesta por la Directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid por rebasar un semáforo en fase roja por “la evidente falta de comprobación del estado de uso y homologación” del dispositivo con el que se captó la infracción que “es con toda probabilidad la causa que lleva a que los fotogramas que estos sistemas foto-rojo hacen sean oscuras y no permitan visualizar matrículas de los infractores”. Además se condena con 150 € de costas al consistorio madrileño.

El Gobierno prevé recaudar el próximo año 972 millones de euros en multas y tasas de tráfico, lo que supone un incremento del 4,4% en relación con el año anterior, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

AEA considera que la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial aprobada por la  omisión de Interior del Congreso de los Diputados es «absolutamente decepcionante» porque de nuevo se está incidiendo en el aspecto sancionador de la norma y no se resuelven aspectos que en la actualidad están influyendo en la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

Desde hace más de 15 años AEA ha venido denunciando la situación de indefensión que sufren los automovilistas implicados en accidentes de tráfico con animales de caza a raíz de los incomprensibles cambios legislativos introducidos en la Ley de Seguridad Vial que alteraron el sistema de responsabilidad de este tipo de accidentes, ya que de poder exigir responsabilidad a los titulares de los cotos, a los propietarios de los terrenos de donde provenían los animales, e incluso a la administración, ahora son los propios automovilistas los responsables de los accidentes.

La Unión Europea quiere que los Estados miembros realicen más inversiones para mejorar la seguridad vial de las carreteras, especialmente en los puntos con más siniestralidad. Para ello, los eurodiputados han animado a los Estados miembros a crear fondos nacionales de seguridad vial que canalicen la recaudación por multas a mejoras en la red viaria.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se ha mostrado “radicalmente contraria” a la propuesta del Gobierno de cobrar un peaje a los particulares por el uso de las autovías actualmente gratuitas por cuanto “los automovilistas españoles con sus impuestos ya pagan con creces el mantenimiento de estas infraestructuras y porque este tipo de medidas puede tener un impacto muy negativo para la economía de las zonas donde se implanten”.

Según la DGT, el 5% de los accidentes de tráfico que se producen está provocado por el consumo de medicamentos. De hecho, el año pasado, el 48,7% de los conductores fallecidos en accidentes dieron positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos, según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La mayoría de los conductores conoce el efecto del alcohol y las drogas en la conducción pero muy pocos saben que algunos medicamentos, incluso los que no precisan receta médica, pueden disminuir su capacidad para conducir de forma segura, y que los seguros pueden excluir de cobertura los daños causados por conductores medicados siempre que dicha medicación haya influido en la conducción y esa sea la causa del accidente.

En los dos últimos años, la DGT ha impuesto más de un millón de multas por no pasar la ITV, por un importe aproximado de unos doscientos millones de euros. Sin embargo, no todas esas multas eran correctas, a tenor del precedente jurídico establecido en una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid que -en contestación a un recurso promovido por los letrados de la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA)- ha anulado una multa de 200 € impuesta por no pasar la ITV un vehículo que se encontraba estacionado, al considerar que “el ilícito a sancionar está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica”.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y ha declarado la nulidad del apartado segundo de la Orden del Ministerio de Sanidad 413/2020, de 15 de mayo, aprobada por el Gobierno con motivo del COVID-19, que reducía los plazos en los que los automovilistas tenían que pasar las sucesivas inspecciones técnicas de sus vehículos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que las restricciones a la movilidad establecidas en el Real Decreto del primer estado de alarma aprobado por el Gobierno son inconstitucionales. En concreto, el TC ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1,3 y 5 del artículo 7 que limitaron, desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020, la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público salvo para realizar ciertas actividades tasadas, como compra de alimentos o desplazamientos al lugar de trabajo; restringieron la circulación de vehículos particulares por las vías públicas, y permitieron al ministro del Interior cerrar la circulación en carreteras por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico.

El 1 de junio entró en vigor una nueva revisión del Manual de Procedimiento de ITV. Estas son los cambios que notarán los automovilistas que pasen la inspección a partir de ahora.